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La respuesta de la UE al terrorismo

Sede de la Comisión Europea en Bélgica.

La constante evolución del terrorismo de corte salafista yihadista está obligando a la Unión Europea (UE) a dotarse de las herramientas y del marco legislativo necesarios para hacer frente a esta amenaza que se ha intensificado en los últimos años. Los atentados de Francia, Bruselas, Alemania y Reino Unido, no sólo han puesto de manifiesto las lagunas existentes en materia de seguridad de los Estados Miembros, sino el hecho de que estos deben lidiar con una realidad incómoda, la de la radicalización de su población musulmana. Desde 2011 los combatientes extranjeros, procedentes de distintos países europeos, han engrosado las filas de los grupos terroristas presentes en zonas conflictivas, como Siria, Irak o Libia, especialmente las del autoproclamado Estado Islámico. Los así llamados retornados, es un fenómeno que supone una seria amenaza a la seguridad de la UE en conjunto, a lo que habría que sumar las nuevas formas no convencionales empleadas por los terroristas que más que producir un número elevado de víctimas, buscan aumentar el pánico y la paranoia de los ciudadanos, desestabilizar los sistemas democráticos europeos, influir en las decisiones de sus dirigentes políticos, y, en última instancia, mermar el sistema de convivencia multiétnico e interreligiosos de las sociedades occidentales.

El punto de inflexión que supusieron los atentados de Madrid y Londres de 2004 y 2005, respectivamente, impulsó un mayor compromiso de la UE con la lucha contra el terrorismo que dio forma a la Estrategia de la Unión Europea en esta materia. La Estrategia de la Unión Europea de Lucha contra el Terrorismo, contemplada desde sus inicios con una vocación global -de combatir el terrorismo en todo el mundo, con la necesaria cooperación de terceros países e instituciones internacionales- definió los cuatro pilares básicos que se asientan en la actualidad en la base del esfuerzo antiterrorista de la UE: prevenir, proteger, perseguir y responder; estos siempre en concordancia y con el cuidado respeto de los valores máximos de libertad, seguridad y justicia.

Contemporánea a esta estrategia fue la creación de la figura del coordinador de la lucha contra el terrorismo, y cuyo papel resulta esencial ya que entre sus cometidos se encuentran supervisar la aplicación de la Estrategia antiterrorista en los Estados Miembros, coordinar los trabajos con otros organismos europeos, elaborar informes y recomendaciones estratégicos, y reunirse con autoridades de terceros países, entre otros.

Las injustas críticas hacia la UE respecto a su falta de respuesta frente al extremismo islámico y el terrorismo no han coincidido con la realidad de la existencia de múltiples instrumentos puestos a disposición de los Estados Miembros para hacer frente a las continuas amenazas relacionadas con estos fenómenos. La lucha contra el terrorismo es responsabilidad primordial de los Estados Miembros ayudados por la UE que desempeña una función de apoyo, actualizando y poniendo a disposición nuevos instrumentos para ser puestos en práctica a nivel interno de cada país.

Entre las últimas medidas adoptadas por la UE ha sido una nueva directiva en materia de justicia penal de marzo de 2017 mediante la cual se tipifican los viajes con fines terroristas desde y hacia la UE, y dentro de sus Estados Miembros; la organización y/o facilitación de este tipo de viajes; la captación y adiestramiento para el terrorismo; la recepción de adiestramiento en este sentido; recabar o aportar fondos por parte de personas físicas o jurídicas con la intención de utilizarlos para cometer actos terroristas o relacionados con grupos terroristas, y la provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo. La norma amplía por tanto la definición de terrorismo incluyendo a los combatientes extranjeros, para dotar a los Estados Miembros de un marco legal para poder afrontar más eficazmente este fenómeno, y tipifica como delito por primera vez la tentativa de comisión, la complicidad y la inducción a la comisión de un acto terrorista. Asimismo, contempla su alcance hasta el ámbito de las redes sociales, y a internet en general, con miras a eliminar, a ser posible en origen y en estrecha colaboración con los terceros países, aquellos contenidos “que constituyan una provocación pública de un delito de terrorismo”. Cuando esto no sea posible, la directiva insta a los Estados Miembros a bloquear el acceso a dichos contenidos desde el territorio de la UE.

Combatir el extremismo en línea es una asignatura pendiente dentro de la UE y un terreno sensible en cuanto que puede vulnerar algunos derechos fundamentales de los usuarios. Los Estados Miembros disponen de dieciocho meses para adaptar la normativa a su código penal interno, lo que justificaría en parte la demora en cuanto a su aplicación efectiva. La celeridad en su aplicación por parte de los países de la Unión es por tanto directamente proporcional con el éxito de la lucha antiterrorista.

La cantidad de herramientas de la UE y su entramado institucional puede dar la impresión de la presencia de una maquinaria burocrática gigantesca y lenta si no hay una eficaz interconexión y un feedback constante y ágil entre sus elementos. Por eso, uno de los asuntos prioritarios en la agenda de la UE es lograr una sinergia cada vez mayor hacia una interoperabilidad de los sistemas de información para intercambiar más rápido y eficazmente la información dentro de la UE, con y entre sus instituciones, entre la UE y terceros países y organismos internacionales, en definitiva, crear un sistema de intercambio de información global para hacer frente al terrorismo, ya que este no es un fenómeno propio de un determinado país o una región en concreto.

En la actualidad, el Sistema de Información de Schengen es el instrumento más utilizado para compartir información relacionada con perfiles terroristas, y consultar alertas de personas desaparecidas o buscadas. En marzo de 207 el Consejo Europeo modificó el Código de fronteras Schengen que obliga a los Estados Miembros a reforzar los controles en las fronteras exteriores a todas las personas, incluidas los ciudadanos de la UE y los miembros de sus familias.

Artículo editado

Publicado en junio de 2017 en la web del Instituto Universitario de Estudios Europeos

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